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Nadie podría negar que la ley migratoria aprobada por el Senado de EU en su sesión del pasado jueves constituye un avance y aunque aún falta conciliarla con el agresivo proyecto aprobado por la Cámara de Representantes, lo más probable es que el resultado constituya la reforma migratoria más importante después de 1986, cuando se otorgó la última amnistía a los trabajadores indocumentados de aquel país. Sin embargo, en tanto esta reforma no sea parte de la estrategia de integración económica de América del Norte, sino la aplicación de varios parches a uno de los fenómenos más complejos de la relación entre los países de la región.
 Desde su origen, los acuerdos de los legisladores de EU, se encuentran rebasados por esa compleja realidad. Y el desfase entre esa complejidad migratoria y el marco jurídico para hacerla transitar, seguramente generará descalabros para los gobiernos de EU y de México.
Si la iniciativa acordada en el pleno del Senado de EU sale adelante, el gran avance sería que el programa de trabajadores temporales se combina con una amnistía a los indocumentados. Esta amnistía está formulada en tres categorías: con el cumplimiento de una serie de requisitos, los trabajadores con residencia de al menos cinco años podrán legalizar su estancia y cinco años después solicitar su ciudadanía.
Los 2 millones de migrantes mexicanos que han salido en los últimos cinco años quedan fuera de ese beneficio. A los indocumentados con residencia entre dos y cinco años se les otorgan tres años para que, desde un punto fronterizo, soliciten regresar como trabajadores temporales. Vencer el temor a salir de la clandestinidad, y conseguir los requisitos que les permitan ser contratados como trabajadores temporales, será el principal desafío para ese grupo de migrantes.
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